Reseña

En la rama del Derecho Electoral, la relación entre los candidatos y la ciudadanía se basa en una promesa de confianza, es decir, cuando la población acude a las urnas, los ciudadanos otorgan su voto a un futuro gobernante, esperando que a parte que tienen que gobernar para todos, se espera también que las acciones sean congruentes con sus discursos y promesas electorales, no obstante, es una práctica común de parte de los políticos ver un desajuste entre las expectativas generadas en campaña con la gestión pública, la cual genera una desconfianza en la población, llevándola a cuestionar si fue correcto su elección.
Por tales circunstancias se contempla mecanismos de revocatoria de mandato como una vía para la ciudadanía para hacer respetar su voto en las urnas, no obstante, la realidad es que estos procesos suelen ser complejos y burocráticos, que tienen como efecto colateral a que la población opte por medidas de hecho, como por ejemplos protestas y presiones, que no solo obstaculizan la gestión pública, sino que también afectan a la propia ciudadanía.
Ahí encontramos que diferentes gobiernos municipales han cedido a presiones sociales las cuales han derivado a renuncias forzadas de autoridades electas, estos hechos, han sido analizado por la Sentencia Constitucional N° 0478/2014, la cual ha concluido que el uso de la fuerza no es una práctica válida dentro del ordenamiento jurídico, más al contrario, estas acciones de fuerza contravienen los preceptos y principios fundamentales de la democracia.
Por tal situación, se ve la necesidad de fortalecer el marco normativo electoral en Bolivia, y verificar la pertinencia de simplificar los mecanismos de revocatoria de mandato para que sean herramientas accesibles y efectivas para la ciudadanía y evitar así que la desconfianza ciudadana se traduzca en medidas de hecho que socaven la institucionalidad democrática y garantizar que la voluntad popular, expresada en las urnas, sea respetada en todo momento.
Palabras Claves: Revocatoria de mandato, medidas de hecho, vacío normativo