Reseña

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) presenta su Informe de Gestión 2025, que marca el inicio de la segunda fase del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022–2027. Este periodo representa un punto de inflexión, tanto por la incorporación de las recomendaciones de la Evaluación de Medio Término (2024) como por la necesidad de reajustar el enfoque estratégico ante un entorno nacional de creciente incertidumbre política, económica y ambiental.
El año 2025, Bolivia atraviesa una transición estructural. El cierre de un ciclo político prolongado y la reconfiguración del rol del Estado han dado paso a un escenario donde el mercado y los actores privados ganan protagonismo, mientras se debilitan las capacidades de regulación ambiental y redistribución. A esto se suma una crisis económica persistente, inflación, restricciones en el acceso a divisas y combustibles, junto con una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos, factores que incrementan la vulnerabilidad de los territorios indígena originario campesinos.
En este escenario, CIPCA orienta su acción a fortalecer capacidades locales con un enfoque propositivo. Los procesos acompañados muestran una evolución clara: de dinámicas centradas en la demanda y la resistencia hacia mayores niveles de planificación, gestión e incidencia. Este cambio se concentra en instrumentos como la Propuesta Económica Productiva (PEP) y el posicionamiento de la Estrategia Nacional de Agroecología (ENA), que aporta soluciones viables frente a la crisis climática, la inseguridad alimentaria y las limitaciones del modelo extractivo.
Los resultados observados responden a transformaciones más profundas. En el plano organizativo, se consolidan prácticas democráticas internas y se amplía la participación efectiva de mujeres y jóvenes, aunque la sostenibilidad económica de las iniciativas sigue siendo un reto. En gobernanza territorial, las organizaciones muestran mayor dominio de herramientas de planificación y gestión de riesgos, avanzando hacia formas más complejas de autogobierno. En incidencia, destaca la capacidad de traducir evidencia técnica en propuestas que influyen en decisiones públicas.