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ISBN 978-9917-662-03-7

El Derecho a la Educación Superior Inclusiva en América Latina. Análisis Comparativo de la Normativa para Personas con Discapacidad en América Latina

Autor:Achá Azero, Fabiola Ana
Editorial:Universidad Privada San Francisco de Asís
Materia:Educación especial
Público objetivo:General
Publicado:2026-03-03
Número de edición:1
Tamaño:1Mb
Soporte:Digital
Formato:Pdf (.pdf)
Idioma:Español
Disponibilidad:Disponible
Estatus en el Catálogo:Próxima aparición

Reseña

El libro “El derecho a la educación superior inclusiva en América Latina: análisis comparativo de la normativa orientada a personas con discapacidad” constituye un estudio jurídico-normativo que examina cómo once países de la región han incorporado el derecho a la educación superior inclusiva en sus marcos legales y políticas universitarias. La obra parte del reconocimiento de que, pese a los avances normativos impulsados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030, persisten brechas estructurales que afectan el acceso, la permanencia y la titulación de estudiantes con discapacidad. La investigación adopta un enfoque cualitativo y comparativo, basado en el análisis documental de constituciones, leyes de educación superior, leyes específicas sobre discapacidad y normativas institucionales. A partir de categorías como accesibilidad universal, ajustes razonables, apoyos académicos, formación docente y mecanismos de exigibilidad, se identifican similitudes, diferencias y desafíos comunes en países como Bolivia, Brasil, Ecuador, Argentina, México y Costa Rica, entre otros. Los hallazgos evidencian que, aunque existe un reconocimiento formal generalizado del derecho a la educación inclusiva, su implementación es desigual. Brasil y Costa Rica destacan por marcos normativos más robustos y operativos, mientras que en otros contextos predomina una alta adhesión formal con limitada reglamentación específica para la educación superior. La investigación concluye que la inclusión universitaria requiere políticas públicas integrales, recursos sostenibles y mecanismos de seguimiento, superando enfoques asistencialistas y consolidando la educación superior inclusiva como una obligación jurídica, ética y pedagógica.

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